Nuevamente, y sin concurso público, nuestra industria del software podría recibir un golpe definitivo por parte del Gobierno para beneficiar al monopolio. En España hay aproximadamente 2,6 millones de alumnos de primaria que, según varias filtraciones de prensa no desmentidas, van a recibir un mini-PC con el software de Microsoft preinstalado.

Al margen de excluir a toda la industria española de esta iniciativa que condicionará el futuro del software en nuestro país, existe el problema del gravoso coste. Si se considerara un precio (rebajado) de 60 Euros por cada sistema operativo y de otros 52 Euros por cada licencia de Microsoft Office para Estudiantes, estaríamos hablando de un dispendio anual y recurrente en el tiempo de prácticamente 100 millones de Euros. A lo anterior habría que sumar otros costes de licencias, como el antivirus, indispensable para ese sistema operativo (e innecesario para Linux) y que exige contratar actualizaciones de aproximadamente 25 euros anuales por usuario, además del coste de todo el resto de aplicaciones de uso común para Windows, muchas de ellas muy onerosas. Por último, hay que tener en cuenta los sobreesfuerzos de mantenimiento que requiere Windows y que tendrían que sufragar las comunidades autónomas.

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